La Abif estima que el alza se debe a los autofraudes, mientras que la Conadecus ve una falta de seguridad.
Alrededor de US$ 190 millones sería el monto que usuarios del sistema bancario reportaron como fraudes en el segundo semestre, según estimaciones preliminares de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif). En el primer semestre, el monto ascendió a US$ 90 millones (ver infografía). Es decir, entre un semestre y otro casi se duplicaron (alza de US$ 100 millones).
La Ley 21.234, más conocida como Ley de Fraudes, limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante casos de extravío, hurto, robo o fraude. Además, establece que los bancos deben restituir montos de hasta 35 UF en cinco días hábiles, o en siete días hábiles si superan ese saldo. En ambos casos, el banco puede ejercer acciones judiciales si recaba antecedentes que acrediten dolo o culpa grave del usuario, es decir, que el cliente participó del delito o que tuvo una negligencia extrema.
Autofraude
En la Abif critican este estándar probatorio. El gerente general del gremio, Luis Opazo, afirma que es “virtualmente imposible de probar, especialmente en operaciones masivas, como es el caso de los pagos electrónicos. Esto ha propiciado esquemas delictivos de autofraude”. A estos “esquemas” atribuyen el alza en los reportes.
Hace un par de meses se viralizó un audio que instruía cómo realizar un autofraude, y que fue recogido por BancoEstado en un reclamo de ilegalidad en la Corte Suprema contra una sanción de la CMF por no restituir fondos bajo la Ley de Fraude. En la grabación se escucha: “Para los que tengan la CuentaRut (…). Tienen que girar la plata que tengan ahí, cachái, de un cajero del BancoEstado (…). Una vez que saquen la plata, llaman al banco, cachái, que te giraron esa plata cachái, que tú no hai hecho nada (…). Y te pregunta en realidad qué es lo que pretendes tú, que me devuelvan la plata, poh, y como en cinco a siete días te devuelven (…). De hecho, lo hizo mi hija y ayer me manda la foto que le devolvieron las 400 lucas”.
Seguridad bancaria
Distinta es la visión de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Para su abogado Antonio Olivares, el alza en los reportes de fraude ocurre porque los bancos “no han logrado cumplir los estándares de seguridad” para evitarlos, y, segundo, a un mayor conocimiento de la ley.
Recalca que cuando existe un fraude se “está vulnerando la seguridad bancaria”. Respecto de los autofraudes, Olivares dice que “deben ser castigados. Pero cuestión distinta es que por algunos casos en que ello haya ocurrido, sea todo el resto de los usuarios los que deban pagar por la desprotección que se propone”.
Algunos usuarios han alertado que los bancos estarían iniciando acciones legales sin justificación. Así lo advirtió Marcelo Nazal en una carta al director publicada en agosto. Su abogada, Catalina Navarro, socia del estudio Navarro, detalla que el empresario recibió un llamado telefónico de una persona que decía ser ejecutivo de su banco. El delincuente le pidió a Nazal que digitara sus claves en su teléfono celular, pero en ningún momento solicitó que se las dictara. Tras la llamada, se realizaron transferencias desde las cuentas de Nazal por más de 35 UF. Al alertar el fraude, el banco demandó a Nazal en un juzgado de Policía Local, proceso que dura alrededor de un año. Según Navarro, el banco solo presentó como antecedente la evidencia de las transferencias.
Modificación a la ley
Frente al alza en las avisos de fraudes, el Gobierno envió una serie de modificaciones a la ley. Entre ellas está una rebaja en el estándar de culpa, ampliar los plazos para reembolsos y la imposibilidad del usuario de desconocer ciertas transacciones.
Opazo estima que estas modificaciones no corrigen “las deficiencias de la actual ley” y urge a “restituir el equilibrio entre la protección de los clientes y la promoción de un uso diligente de los medios de pago”.
Conadecus califica la reforma como “un verdadero retroceso”. Olivares indica que con la ley “se buscó resguardar a los consumidores y elevar los estándares a la banca. Sin embargo, las propuestas que se han dado a conocer disminuyen el estándar de cuidado de las entidades financieras”.
Banco de Chile, BancoEstado, Bci, Itaú, Santander y Scotiabank declinaron hacer comentarios.