Esta mañana, ante la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras presentó tres propuestas de normas en el ámbito de una “Economía inclusiva y sana”, las que ya han sido recogidas en otros países de América Latina y Europa, y que buscan ampliar el acceso de los servicios financieros a más personas, disminuir asimetrías de conocimiento financiero y potenciar el ahorro como un derecho.
Cerca de este medio día, el presidente de la Asociación de Bancos e instituciones Financieras, José Manuel Mena, junto al fiscal del organismo, Juan Esteban Laval, presentó las principales expectativas y preocupaciones de la industria financiera a la Convención Constitucional, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
Los planteamientos del sector se enmarcan en el ámbito de la “Economía inclusiva y sana”, la que incluye temas claves como la inclusión a un sistema financiero seguro y formal, educación financiera para tomar mejores decisiones y protección del ahorro privado. En ese marco, la Asociación planteó tres propuestas de normas que, de acuerdo a lo estudiado, ya se aplican o están discutiendo en otros países de América Latina y Europa.
La primera propuesta es asignar al Estado el deber de diseñar e implementar políticas publicas que promuevan y potencien la inclusión de las personas a un sistema financiero seguro y formal”.
Esta propuesta, por ejemplo, fue recogida en la Constitución Política de Ecuador en 2008, la que señala que “el sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros.
La segunda propuesta de la banca es que el Estado promueva la formación financiera sin discriminar destinatarios, formas, oportunidades o mecanismos para ello, ya sea a través de su acción directa o a través de la colaboración de privados, pero también a todas las personas para que puedan acceder a estos espacios de la manera más cercana, accesible y transparente”, explicó.
“La propuesta inicial de promover una mayor inclusión debe ser abordada de manera complementaria con un decidido esfuerzo de mejorar la información, conocimientos y, sobre todo, educación sobre el sistema financiero de nuestro país”, agregó. Una propuesta similar fue presentada en México, para la incorporación de la Educación Financiera como parte integrante del derecho a la educación, la cual aún se encuentra en tramitación en el Congreso, indicó el ejecutivo.
Por último, la banca propuso reconocer constitucionalmente el derecho individual al ahorro privado y su resguardo frente a eventuales propuestas que pudiesen menoscabarlo en el futuro. “Es necesario que la nueva Constitución garantice la protección del ahorro privado, resguardando los recursos obtenidos tras el esfuerzo de las personas y así incentive esta sana práctica”, indicó.
“Al crear este derecho, se permite que las personas reclamen ante tribunales y órganos administrativos en caso de deterioro o vulneración del ahorro privado”, explicó Mena, quien destacó normas similares en la Constitución de Italia, Perú y Portugal.
Tras la exposición, ambos representantes de la Asociación de Bancos, agradecieron la oportunidad de exponer a la Comisión y señalaron que los servicios financieros son parte de la vida moderna, permitiendo la gestión de riesgo de la vida personal y empresarial, disponibilizando variadas alternativas de ahorro, y acceso a posibilidades de financiamiento, como es el caso de los créditos hipotecarios para las personas, siendo los mejores de América Latina y comparables a países desarrollados.