- Las entidades del sistema financiero mostraron un alto interés en sumarse a este beneficio para sus clientes, que contempla una rebaja en la tasa de interés que, en algunos casos, podría superar los 60 puntos base establecidos por la ley.
Una vez más, la banca privada ha dado una clara señal de compromiso con el acceso a la vivienda y con la reactivación del sector inmobiliario y de la construcción. Lo hizo a través de su alta participación en una licitación del Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), orientada a implementar subsidios y garantías habitacionales que faciliten la compra de viviendas nuevas hasta 4.000 UF y contribuyan al dinamismo del rubro.
Los resultados superaron ampliamente las expectativas: se ofrecieron 10 millones de UF y se recibieron propuestas por un total de 30,2 millones de UF, triplicando la cantidad licitada. En total, participaron 12 instituciones (10 bancos, una cooperativa y una mutuaria), que compitieron con condiciones altamente atractivas, adjudicándose los bancos un 93% de los recursos licitados.
Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), destacó los resultados y afirmó: “Esta licitación refleja el trabajo conjunto del sector público y privado para avanzar en soluciones reales que mejoren el acceso a la vivienda. Las condiciones presentadas por la banca —que representa el 93% de las propuestas adjudicadas— generarán una reducción importante en las tasas hipotecarias y refuerzan el compromiso del sistema financiero con la recuperación económica y el bienestar de las familias”.
La licitación se enmarca en la implementación de la Ley 21.748, que creó este subsidio estatal a la tasa de interés —equivalente a 60 puntos base— además de la garantía. Este beneficio está disponible para la compra de viviendas nuevas con un valor de hasta 4.000 UF. Del total de 50.000 subsidios disponibles, 6.000 están destinados a viviendas construidas bajo programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como el DS19.
Esta ley es fruto de una colaboración efectiva entre el sector público y privado. Surgió a partir de una propuesta elaborada por la Asociación de Bancos (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y tras un proceso de análisis y perfeccionamiento liderado por el Ministerio de Hacienda, fue transformada en proyecto de ley y aprobada por el Congreso.