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El presidente del gremio, José Manuel Mena, valoró la iniciativa y destacó la importancia de políticas públicas que incentiven una mayor inclusión financiera. En este contexto, invitó a perfeccionar la iniciativa actual en materia de leyes complementarias, que son claves para contar con un avance armónico de las finanzas abiertas, como la actualización de la Ley de protección de datos, Ley de ciberseguridad y la nueva Ley de Fraudes, vigente desde 2020.
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Respecto de esta última, inédita a nivel mundial, entregó datos que dan cuenta del aumento de operaciones fraudulentas, deteriorando la robustez y desarrollo de los medios de pagos.
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Finalmente, recordó la necesidad de gradualidad y gobernanza en la puesta en marcha de una normativa que permita regular armónicamente el desarrollo de las finanzas abiertas en Chile.
Marzo 2022-. Esta mañana el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financiera, José Manuel Mena, expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la tramitación de la Ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, conocida como “Ley Fintech”.
En primer lugar, Mena valoró esta iniciativa, que es una tendencia global y recordó que las Fintech actualmente son, a la vez, competidoras y socias en la industria financiera. Sobre el proyecto, señaló que la Asociación comparte los objetivos de inclusión e innovación financiera que plantea el proyecto, aunque señaló que tiene algunos aspectos que requieren ser mejorados para lograr adecuadamente los objetivos declarados.
En este contexto, señaló la importancia de considerar la experiencia de otros países que han implementado este tipo de iniciativas, para lograr un desarrollo armónico de regulación, capacidades y adecuada gobernanza.
De este modo, invitó a perfeccionar la iniciativa en tres ejes: avanzar en otros proyectos de ley necesarios como protección de datos personales y ciberseguridad, equilibrar el marco regulatorio de responsabilidad ante fraudes, y llevar una adecuada discusión del proyecto en materia regulatoria, supervisión, gobernanza e implementación.
En cuanto a datos personales, indicó que el marco actual presenta brechas importantes respectos a las mejores prácticas internacionales. Según Mena, el eje central de las finanzas abiertas es compartir datos, los cuales, si no están bien resguardos, en definitiva, puede terminar perjudicando a los clientes frente al tratamiento indebido de datos personales. En este orden de ideas, “el contar con un marco de ciberseguridad que considere los diversos actores y servicios es, evidentemente, una condición necesaria para que el sistema en su conjunto opere con los estándares de un sistema seguro y confiable para los clientes”, precisó.
El ejecutivo hizo especial énfasis en la urgencia de revisar la Ley de fraudes (Nª 21.234), vigente desde 2020, una norma inédita a nivel mundial y que ha “deteriorado la robustez y desarrollo de los medios de pagos”, según afirmó. Ello, a la luz del aumento del número de “operaciones desconocidas” o fraudulentas, registradas en el sector, desde su puesta en marcha, y cuyos efectos, lamentablemente, ya se materializan con fuerza.
“Hasta mayo de 2020, por cada $100 mil transados, $9 correspondían a fraude, mientras que, al primer semestre de 2021, la cifra de fraude aumentó rápidamente a $130 por cada $100 mil. Es decir, aumentó más de 13 veces la tasa de fraude existente previo a la Ley”, detalló Mena. La situación se agrava en ventas por canales no presenciales, donde la tasa de fraude pasó de $32 a $230 por cada $100 mil transados”, precisó.
Asimismo, Mena recalcó la importancia de dotar de recursos suficientes a la CMF, coherentes con las facultades de regulación y supervisión que la ley le otorga. Al respecto, señaló que la ley solo contempla incorporar 17 personas, y un gasto anual adicional en régimen de US$1,3 millones, de los cuales US$ 1,2 millones corresponden a la remuneración de esas personas, y solo US$ 150 mil a gastos e inversiones, lo que no resulta consistente con los desafíos regulatorios y supervisores de esta ley.
Por último, el representante de la banca remarcó el interés del sector de avanzar armónicamente en el desarrollo de las finanzas abiertas en Chile, siendo necesario generar una gradualidad y gobernanza clara para su implementación. Para ello, explicó que se requiere un rol mayor de parte del Estado en la elaboración de una normativa lo suficientemente robusta frente a este tipo de situaciones. Esta ha sido la experiencia en gobiernos de otros países, donde Estado y privados -a través de mesas de trabajo-, han logrado crear estructuras normativas efectivas en la regulación de los nuevos sistemas que mezclan tecnología y operaciones financieras, según afirmó.